Por qué quieren condenarme
por Luiz Inácio Lula da Silva
Durante más de 40 años de actuación pública, mi vida personal ha estado permanentemente escrutada – por los órganos de seguridad, por mis adversarios políticos, por la prensa. Por luchar por la libertad de organización de los trabajadores, llegué a estar preso, condenado como subversivo por la infame Ley de Seguridad Nacional de la dictadura. Pero jamás han encontrado un acto deshonesto por mi parte.
Sé lo que hice antes, durante y después de haber sido presidente. Jamás hice nada ilegal, nada que pudiera manchar mi historia. He gobernado Brasil con seriedad y dedicación, porque sabía que un trabajador no podía fallar en la Presidencia. Las falsas acusaciones que me han lanzado no apuntaban exactamente a mi persona, sino al proyecto político que siempre he representado: el de un Brasil más justo, con oportunidades para todos.
En vísperas de cumplir 71 años, veo mi nombre en el centro de una auténtica cacería judicial. Han desnudado mis cuentas personales, las de mi esposa y las de mis hijos; han puesto escuchas en mis teléfonos y han divulgado su contenido; han invadido mi casa y me han conducido por la fuerza para testificar sin motivo razonable y sin base legal. Están buscando un crimen para acusarme, pero no lo han encontrado y tampoco lo harán.
Desde que dicha cacería empezó, en la carrera presidencial de 2014, recorro los caminos de la Justicia sin dejar de lado mi agenda. Sigo viajando por el país, al encuentro de sindicatos, de los movimientos sociales, de los partidos, para debatir y defender el proyecto de transformación de Brasil. No me detuve para lamentarme ni tampoco he desistido de la lucha por igualdad y justicia social.
En tales encuentros renuevo mi fe en el pueblo brasileño y en el futuro del país. Compruebo que está viva en la memoria de nuestra gente cada una de las conquistas alcanzadas en los gobiernos de PT: el Bolsa Familia, el Luz para Todos, el Minha Casa, Minha Vida, el nuevo Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimiento da Agricultura Familiar), el Programa de Adquisición de Alimentos, la revalorización de los sueldos – en conjunto, han proporcionado la más significativa ascensión social de todos los tiempos.
Nuestra gente no se olvidará de los millones de jóvenes pobres y negros que han tenido acceso a la educación superior. Resistirá a los retrocesos, porque Brasil quiere más, y no menos derechos.
No me puedo callar, todavía, delante de los abusos cometidos por agentes del Estado que utilizan la ley como instrumento de persecución política. Basta con observar la recta final de las elecciones municipales para comprobar la persecución al PT: la aceptación de una denuncia contra mí, cinco días después de presentada, y la prisión de dos exministros de mi gobierno han sido episodios aparatosos que seguramente han influido en el resultado de las votaciones.
Jamás he practicado, autorizado o me he beneficiado de actos ilícitos en Petrobrás o en cualquier otro sector del gobierno. Desde la campaña electoral del 2014, se trabaja sobre la narrativa de que el PT ya no es un partido, sino una “organización criminal”, y yo el jefe de esa organización. Tal idea ha sido machacada por titulares de periódicos, portadas de revistas, radio y televisión. Necesita ser probada a la fuerza, toda vez que “no hay hechos, sino convicciones”.
No descarto que mis acusadores crean en esa tesis maliciosa, quizás juzgando a los demás por su propio código moral. Pero salta a la vista la desproporción, entre los billonarios desvíos investigados, y aquello a lo que apuntan como supuesto botín del “jefe”, evidenciando la falacia del guion.
Percibo también una peligrosa ignorancia de los agentes de la ley respecto al funcionamiento del gobierno y de las instituciones. He llegado a tal conclusión en los testimonios que he prestado frente a jefes de policía y fiscales que no sabían cómo funciona un gobierno de coalición, cómo tramita una disposición provisional, cómo se procede en una licitación, cómo se procesa el análisis y la aprobación, colegiada y técnica, de financiaciones en un banco público como el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo).
Al fin, en estos testimonios nada de objetivo se ha preguntado respecto de las hipótesis de la acusación. Tengo, de hecho, la impresión de que no han pasado de ritos burocráticos vacíos, para cumplir etapas y atender formalidades del proceso. En definitiva, no han servido al ejercicio concreto del derecho de defensa.
Pasados dos años de investigaciones, siempre filtradas con fanfarria, no han conseguido encontrar nada que sea capaz de vincular mi nombre a los desvíos investigados. Ningún céntimo no declarado en mis cuentas, ninguna empresa de fachada, ninguna cuenta secreta.
Hace 20 años vivo en el mismo apartamento en São Bernardo. Entre las decenas de acusados y colaboradores arrepentidos, ninguno ha afirmado haber tratado algo ilegal o deshonesto conmigo, a pesar de la insistencia de los agentes públicos para que así lo hagan, hasta incluso como condición para obtener beneficios.
La liviandad, la desproporción y la falta de base legal de las denuncias sorprenden y causan indignación, así como la avidez con la que son procesadas en juicio. Ya no les importan hechos, pruebas, normas del proceso. Denuncian y procesan por mera convicción – es grave que las instancias superiores y órganos de control judicial no tomen providencias contra los abusos.
Me acusan, por ejemplo, de haber ganado ilícitamente un apartamiento que jamás me ha pertenecido – y no me ha pertenecido por la simple razón de que no quise comprarlo cuando me fue ofrecida la oportunidad, ni tampoco después de las reformas que, obviamente, serían sumadas al precio. Como es imposible demostrar que la propiedad es mía, ya que nunca lo ha sido, me acusan entonces de ocultarla, en una trama surrealista.
Me acusan de corrupción por haber proferido conferencias para empresas investigadas en la operación Lava Jato. ¿Cómo puedo ser acusado de corrupción, si ya no soy agente público desde 2011, cuando he empezado a dar conferencias? ¿Y qué relación puede haber entre los desvíos de la Petrobrás y las presentaciones, todas documentadas, que hice para 42 empresas y organizaciones de diversos sectores, y no apenas las cinco investigadas, cobrando precio fijo y pagando impuestos?
Mis acusadores saben que no he robado, no he sido corrompido ni he intentado obstruir a la justicia, pero no pueden admitirlo. No pueden retroceder después de la masacre que han promovido en la prensa. Se han convertido en prisioneros de las mentiras que han creado, la mayoría de las veces a partir de reportajes facciosos y mal investigados. Están condenados a condenar, y quizás evalúen que, si no alcanzan prenderme, serán ellos los desmoralizados frente a la opinión pública.
Intento comprender dicha cacería como parte de la disputa política, aunque sea un método repugnante de lucha. No es a Lula a quien pretenden condenar: es al proyecto político que represento junto a millones de brasileros. En el intento de destruir una corriente de pensamiento, están destruyendo los fundamentos de la democracia en Brasil.
Es necesario subrayar que nosotros, del PT, siempre hemos apoyado la investigación, el juicio y castigo de quien desvía dinero del pueblo. No es una afirmación retórica: nosotros hemos combatido la corrupción en la práctica.
Nadie ha hecho tanto para crear mecanismos de transparencia y control de dinero público, para fortalecer la Policía Federal, la Hacienda y el Ministerio Fiscal, para aprobar en el Congreso leyes más eficaces contra la corrupción y el crimen organizado. Esto lo reconocen hasta mismo los fiscales que me acusan.
Tengo la conciencia tranquila y el reconocimiento del pueblo. Confío en que tarde o temprano la Justicia y la verdad prevalecerán, aunque sea en los libros de historia. Lo que me preocupa a mí, y a todos los demócratas, son las continuas violaciones al Estado de Derecho. Es la sombra del estado de excepción la que se está elevando sobre el país.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ha sido presidente de Brasil (2003-2010). Es presidente de honra del PT (Partido de los Trabajadores).
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POR QUE QUEREM ME CONDENAR
Luiz Inácio Lula da Silva
Em mais de 40 anos de atuação pública, minha vida pessoal foi permanentemente vasculhada -pelos órgãos de segurança, pelos adversários políticos, pela imprensa. Por lutar pela liberdade de organização dos trabalhadores, cheguei a ser preso, condenado como subversivo pela infame Lei de Segurança Nacional da ditadura. Mas jamais encontraram um ato desonesto de minha parte.
Sei o que fiz antes, durante e depois de ter sido presidente. Nunca fiz nada ilegal, nada que pudesse manchar a minha história. Governei o Brasil com seriedade e dedicação, porque sabia que um trabalhador não podia falhar na Presidência. As falsas acusações que me lançaram não visavam exatamente a minha pessoa, mas o projeto político que sempre representei: de um Brasil mais justo, com oportunidades para todos.
Às vésperas de completar 71 anos, vejo meu nome no centro de uma verdadeira caçada judicial. Devassaram minhas contas pessoais, as de minha esposa e de meus filhos; grampearam meus telefonemas e divulgaram o conteúdo; invadiram minha casa e conduziram-me à força para depor, sem motivo razoável e sem base legal. Estão à procura de um crime, para me acusar, mas não encontraram e nem vão encontrar.
Desde que essa caçada começou, na campanha presidencial de 2014, percorro os caminhos da Justiça sem abrir mão de minha agenda. Continuo viajando pelo país, ao encontro dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos partidos, para debater e defender o projeto de transformação do Brasil. Não parei para me lamentar e nem desisti da luta por igualdade e justiça social.
Nestes encontros renovo minha fé no povo brasileiro e no futuro do país. Constato que está viva na memória de nossa gente cada conquista alcançada nos governos do PT: o Bolsa Família, o Luz Para Todos, o Minha Casa, Minha Vida, o novo Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o Programa de Aquisição de Alimentos, a valorização dos salários -em conjunto, proporcionaram a maior ascensão social de todos os tempos.
Nossa gente não esquecerá dos milhões de jovens pobres e negros que tiveram acesso ao ensino superior. Vai resistir aos retrocessos porque o Brasil quer mais, e não menos direitos.
Não posso me calar, porém, diante dos abusos cometidos por agentes do Estado que usam a lei como instrumento de perseguição política. Basta observar a reta final das eleições municipais para constatar a caçada ao PT: a aceitação de uma denúncia contra mim, cinco dias depois de apresentada, e a prisão de dois ex-ministros de meu governo foram episódios espetaculosos que certamente interferiram no resultado do pleito.
Jamais pratiquei, autorizei ou me beneficiei de atos ilícitos na Petrobras ou em qualquer outro setor do governo. Desde a campanha eleitoral de 2014, trabalha-se a narrativa de ser o PT não mais partido, mas uma “organização criminosa”, e eu o chefe dessa organização. Essa ideia foi martelada sem descanso por manchetes, capas de revista, rádio e televisão. Precisa ser provada à força, já que “não há fatos, mas convicções”.
Não descarto que meus acusadores acreditem nessa tese maliciosa, talvez julgando os demais por seu próprio código moral. Mas salta aos olhos até mesmo a desproporção entre os bilionários desvios investigados e o que apontam como suposto butim do “chefe”, evidenciando a falácia do enredo.
Percebo, também, uma perigosa ignorância de agentes da lei quanto ao funcionamento do governo e das instituições. Cheguei a essa conclusão nos depoimentos que prestei a delegados e promotores que não sabiam como funciona um governo de coalizão, como tramita uma medida provisória, como se procede numa licitação, como se dá a análise e aprovação, colegiada e técnica, de financiamentos em um banco público, como o BNDES.
De resto, nesses depoimentos, nada se perguntou de objetivo sobre as hipóteses da acusação. Tenho mesmo a impressão de que não passaram de ritos burocráticos vazios, para cumprir etapas e atender às formalidades do processo. Definitivamente, não serviram ao exercício concreto do direito de defesa.
Passados dois anos de operações, sempre vazadas com estardalhaço, não conseguiram encontrar nada capaz de vincular meu nome aos desvios investigados. Nenhum centavo não declarado em minhas contas, nenhuma empresa de fachada, nenhuma conta secreta.
Há 20 anos moro no mesmo apartamento em São Bernardo. Entre as dezenas de réus delatores, nenhum disse que tratou de algo ilegal ou desonesto comigo, a despeito da insistência dos agentes públicos para que o façam, até mesmo como condição para obter benefícios.
A leviandade, a desproporção e a falta de base legal das denúncias surpreendem e CAUSAM indignação, bem como a sofreguidão com que são processadas em juízo. Não mais se importam com fatos, provas, normas do processo. Denunciam e processam por mera convicção -é grave que as instâncias superiores e os órgãos de controle funcional não tomem providências contra os abusos.
Acusam-me, por exemplo, de ter ganho ilicitamente um apartamento que nunca me pertenceu -e não pertenceu pela simples razão de que não quis comprá-lo quando me foi oferecida a oportunidade, nem mesmo depois das reformas que, obviamente, seriam acrescentadas ao preço. Como é impossível demonstrar que a propriedade seria minha, pois nunca foi, acusam-me então de ocultá-la, num enredo surreal.
Acusam-me de corrupção por ter proferido palestras para empresas investigadas na Operação Lava Jato. Como posso ser acusado de corrupção, se não sou mais agente público desde 2011, quando comecei a dar palestras? E que relação pode haver entre os desvios da Petrobras e as apresentações, todas documentadas, que fiz para 42 empresas e organizações de diversos setores, não apenas as cinco investigadas, cobrando preço fixo e recolhendo impostos?
Meus acusadores sabem que não roubei, não fui corrompido nem tentei obstruir a Justiça, mas não podem admitir. Não podem recuar depois do massacre que promoveram na mídia. Tornaram-se prisioneiros das mentiras que criaram, na maioria das vezes a partir de reportagens facciosas e mal apuradas. Estão condenados a condenar e devem avaliar que, se não me prenderem, serão eles os desmoralizados perante a opinião pública.
Tento compreender esta caçada como parte da disputa política, muito embora seja um método repugnante de luta. Não é o Lula que pretendem condenar: é o projeto político que represento junto com milhões de brasileiros. Na tentativa de destruir uma corrente de pensamento, estão destruindo os fundamentos da democracia no Brasil.
É necessário frisar que nós, do PT, sempre apoiamos a investigação, o julgamento e a punição de quem desvia dinheiro do povo. Não é uma afirmação retórica: nós combatemos a corrupção na prática.
Ninguém atuou tanto para criar mecanismos de transparência e controle de verbas públicas, para fortalecer a Polícia Federal, a Receita e o Ministério Público, para aprovar no Congresso leis mais eficazes contra a corrupção e o crime organizado. Isso é reconhecido até mesmo pelos procuradores que nos acusam.
Tenho a consciência tranquila e o reconhecimento do povo. Confio que cedo ou tarde a Justiça e a verdade prevalecerão, nem que seja nos livros de história. O que me preocupa, e a todos os democratas, são as contínuas violações ao Estado de Direito. É a sombra do estado de exceção que vem se erguendo sobre o país.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA foi presidente do Brasil (2003-2010). É presidente de honra do PT (Partido dos Trabalhadores)
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